ASETRA considera la decisión razonable y en consonancia con el objetivo de unidad de mercado y de simplificación normativa del ordenamiento jurídico, más en un sector tan sumamente regulado.
Los talleres madrileños se regirán por la normativa marco nacional, los Reales Decretos 1457/86 y 455/2010, así como por el Texto Refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias (TRLGDCU) (Real Decreto 1/2007, de 16 de noviembre).
El Decreto 2/1995 de 19 de enero, regulador de la actividad industrial y de prestación de servicios de los talleres de reparación y mantenimiento de vehículos madrileños tiene los días contados. La Dirección General de Industria, Energía y Minas, organismo competente en la Comunidad de Madrid, ha redactado un proyecto de nuevo decreto que derogará el actualmente vigente en breve. De momento, la propuesta se halla en trámite de audiencia pública. Durante los próximos quince días, las partes interesadas podrán hacer las observaciones o propuestas que les parezcan oportunas. Será el paso previo a la publicación de la norma en el Diario Oficial de la Comunidad.
La Administración competente madrileña apoya su decisión en el cambio del panorama normativo en aspectos relacionados con industria, consumo, prestación de servicios y medio ambiente, y en la armonización de normas en el marco europeo. Entiende así que, optando por su propuesta, el sector quedará perfectamente regulado por la norma estatal, el Real Decreto 1457/86, la normativa general de consumo, representada por el Texto Refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias. Esto aportará una mayor claridad para el consumidor y las empresas respecto de sus derechos y obligaciones concretos, ya que “el Decreto autonómico utiliza expresiones distintas y diferente grado de detalle para regular los mismos aspectos”.
Además, según indica la dirección general competente, se daría también “una mayor uniformidad normativa. Este es un valor en alza desde la perspectiva de la unidad de mercado. Más aún, la norma que la regula, la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, recoge entre sus principios, eliminar toda norma que no resulte imprescindible”.
ASETRA considera la propuesta de la Comunidad de Madrid “razonable y en consonancia con el espíritu de unidad de mercado y de simplificación normativa que apoyamos como entidad representante de los empresarios. A estas alturas, el Decreto 2/1995 estaba en buena parte derogado por otras normas de ámbito nacional por lo que se planteaban de vez en cuando situaciones incómodas y difíciles de transmitir a los talleres”. Ante esta situación, las dos únicas opciones posibles eran la transformación profunda y complicada de la norma, a modo de resumen eficaz de otras leyes y decretos más modernos y vigentes en el estado, o ésta por la que la Administración madrileña ha optado: no hacer lo que ya está hecho.
Una decisión que ha tomado su tiempo…
La Administración madrileña llevaba estudiando varios años la puesta al día de la norma. En 2010, responsables de las Consejerías con competencias en Industria y Consumo mantuvieron múltiples conversaciones con representantes de ASETRA con ese fin. Finalmente, se redactó un anteproyecto, sobre el que la asociación madrileña de talleres presentó 23 alegaciones. No se produjeron más novedades al respecto y la propuesta quedó parada durante los siguientes cinco años.
Tras las elecciones autonómicas de mayo de 2015, la Administración madrileña y ASETRA han mantenido diversos contactos por diferentes temas, entre los que, de nuevo, surgió el proyecto de actualización de la norma. Las áreas competentes de Industria y Consumo y ASETRA celebraron una reunión específica a mediados de febrero en la que se pasó revista en profundidad al decreto de talleres y a las alegaciones presentadas en su día por ASETRA, así como a otros puntos de vista relacionados específicamente con el Medio Ambiente aportados por nuestra entidad como novedades a lo anterior. En las reuniones, por parte de nuestra entidad se incidió en la excesiva cantidad de normas que afectan de una u otra manera a la actividad de reparación y mantenimiento de vehículos y en su necesaria racionalización.
