Solera estima que los negocios de reparación y mantenimiento en Aragón perderán 145 millones de euros de su facturación con la electrificación del parque, un 38% de sus ingresos, según el informe “La descarbonización de la posventa”, presentado en la jornada de automoción organizada por Faconauto en Zaragoza. En plena lucha contra el cambio climático, las motorizaciones diésel y gasolina encaran una cuenta atrás que, de ser aprobado el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático, tendría su horizonte en 2050 y abriría la puerta a la movilidad 100% eléctrica, con el impacto que ello tendrá sobre la industria del automóvil y la posventa.
En concreto, si el sector de la posventa en Aragón factura actualmente 382 millones de euros, pasaría en 2050 a ingresar 237 millones porque los vehículos de combustión interna necesitan de una serie de mantenimientos preventivos que, con el eléctrico, desaparecen.
Un impacto que, por tanto, requiere de una transición progresiva, ordenada y realista, y que debería contar, como primer paso, con un plan de achatarramiento que pusiera coto al envejecimiento del parque y que favoreciese la adquisición indiscriminada de vehículos de combustión interna y electrificados. En este sentido, el Ejecutivo nacional ha dotado al Gobierno de Aragón con un total de 1.264. millones de euros en el Programa de Incentivos de Movilidad Eficiente y Sostenible (MOVES) hasta 2021 para incentivar la electrificación, en tanto que el 50% de los fondos irá destinado a incentivar la compra de vehículos eléctricos.
Menos piezas, menos ingresos
El informe de Solera atribuye la pérdida de ingresos de la posventa al hecho de que los vehículos de combustión integran 25 piezas y elementos que no se encuentran en los vehículos eléctricos, como son el aceite, filtros de aceite, correa de distribución, bujías, inyectores, escapes, etc., y que entre todos ellos superan los 15.000 euros. Una pérdida de ingresos que no se compensa con el “efecto batería” pues si bien es una pieza costosa -con un precio medio de más de 11.000 euros- tiene el hándicap de que el paso por boxes para cambiarla es cada diez años.
Esta transición del diésel/gasolina al eléctrico también tendrá su impacto en la mano de obra de los talleres aragoneses. En el caso de un vehículo de combustión interna y a lo largo de un período de diez años, supone un coste de 3.429 euros por taller, una cifra que se reduce en el eléctrico un 86% hasta los 489 euros. Y es que el número de horas trabajadas se rebaja en un 90%, pues cambiar una batería es una labor que apenas requiere seis horas de trabajo.
La electrificación del parque, una cuestión de ritmo y precio
Por otro lado, el informe de Solera muestra que la electrificación total del parque español en los plazos previstos por la Administración es más un desiderátum que una realidad: de los más de 26 millones de vehículos en circulación (turismo + todoterreno + comercial ligero) apenas el 0,1% son eléctricos. Así, en una hipótesis en la que el 10% anual de las matriculaciones fueran de eléctricos se tardarían 172 años en lograr electrificar el parque al completo.
En el caso particular de Aragón, el eléctrico apenas representa el 0,01% de los coches en circulación. Si hablamos del parque de eléctricos en España, con unas 20.000 unidades repartidas por toda la geografía nacional, apenas el 0,5% se localiza en suelo aragonés.
Para hacer viable el objetivo en tiempo y forma, sería necesario no sólo mejorar la autonomía de estos coches y la infraestructura de recarga, sino también hacer más competitivo el precio de venta, según Solera. Lo habitual es, salvo contadas excepciones, que haya que desembolsar de media al menos 25.000 euros si un conductor quiere “electrificar” su movilidad.
