Las ayudas estatales que contribuyen al transporte público en España cayeron el 23,7% desde el comienzo de la crisis, según la Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos (ATUC). En su informe “Análisis de la Financiación del Transporte Público en España”, elaborado por la Universidad Rey Juan Carlos para Atuc, afirman que los fondos procedentes de la Administración General del Estado se redujeron de 66,9 millones a 51 millones de euros entre 2008 y 2015. La patronal ATUC pide una Ley de Financiación que ponga orden a las ayudas estatales para determinar con criterios objetivos quién y cuánto aportar.
Este reparto de fondos además no es equitativo con el tamaño de la población. Las ciudades más grandes, y por tanto con mayores necesidades de transporte, son las más afectadas por los recortes presupuestarios. El informe constata cómo en los seis primeros años de la crisis en las urbes de más de 500.000 habitantes se pasó de cubrir 10,29 euros a 6,4 euros por persona. Por el contrario, en municipios de menos de 100.000 habitantes el recorte no llegó a un euro.
Con las ayudas estatales vía programas marco sucede lo mismo. Es el mecanismo de financiación en Madrid, Barcelona y Canarias, y en ese mismo periodo de tiempo se bajó la subvención por persona con una media de 25 euros a 19 euros.
Tampoco es proporcional la relación de ayudas estatales y municipales, de tal modo que las primeras se sitúan en torno al 10% de media frente al 90% que han de soportar los ayuntamientos.
Otros agravantes
Para la patronal, esta situación se agrava cuando la aportación de los usuarios vía tarifas (billetes, tarjeta transporte…) para costear el sistema disminuyó también desde 2008, pasando de cubrir el 45% de los costes al 42%, según el informe.
Fruto del aumento del desempleo, los desplazamientos en transporte público se comportaron a la inversa. Los viajes en autobús descendieron un 8,6% entre 2008 y 2014, y en tren en un 9,5%, según el último informe del Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM). Supone que el sistema de transporte público ha sufrido los recortes a raíz de la crisis y además el usuario contribuye menos.
Ley de Financiación
Esta realidad pone de manifiesto la necesidad de una Ley de Financiación que permita ordenar los recursos asignados con mayor eficiencia, según Atuc, teniendo en cuenta que los usuarios ya realizan una aportación suficiente y equilibrada a tenor de su renta per cápita. Junto con los ingresos tarifarios y las aportaciones de las administraciones, estima necesario encontrar otros mecanismos de financiación que ayuden a costear el sistema, tal como hacen Francia y Alemania.
En Francia, el llamado “Versement Transport” es un sistema de tasa directa a cargo de empresas privadas con plantillas a partir de nueve empleados, situadas en localidades de al menos 10.000 habitantes. Cubre más de una tercera parte de la financiación total del sistema de transporte público francés.
Alemania tiene establecido un impuesto, “Mineralösteuer”, un céntimo “verde” que grava el consumo de productos petrolíferos para financiar el transporte público, y que responde a la máxima europea de “quien contamina, paga”.
Jesús Herrero, secretario general de Atuc: “no pedimos más dinero, sino estabilidad y previsión frente al galimatías que es hoy la financiación del transporte público en España, frente a otros países europeos que sí tienen una ley que pone orden a los fondos que recibe el sector. En España, las aportaciones públicas son muy heterogéneas y no obedecen a criterios objetivos de reparto. De ahí la necesidad de establecer unas directrices para determinar la concesión de ayudas públicas y qué administraciones deben tomar parte y cómo y evitar posibles situaciones injustas”.
